En estos temas ambientales como en la mayoría de los que importan y afectan a la ciudadanía, la columna vertebral es combatir la corrupción y la impunidad, apuntó.
Claudia Yáñez, próxima gobernadora de Colima por el partido Fuerza por México, al participar este miércoles en los primeros foros ambientales de la organización Verde Colima A.C para candidatas y candidatos a la gubernatura del estado de Colima, en el Archivo Histórico de la Universidad de Colima (UCOL), deploró que nuestra entidad destaque por su muy alta impunidad en materia de política ambiental, como lo demuestra un estudio de alcance nacional elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).
Durante su intervención en ese escenario de la UCOL, la candidata de Fuerza por México a la gubernatura recordó que en sus resultados generales el estudio de la UDLAP ubica, dentro del Mapa de la impunidad ambiental en México 2020, a Colima en el sitio 32 de 32 entidades federativas, el peor calificado de todos por su muy alta impunidad.
Al presentar algunas de sus propuestas medioambientales, Claudia Yáñez tuvo presente que el índice de impunidad ambiental señala que en el país predomina la fragilidad institucional y la ausencia de castigo en crímenes ecológicos, de acuerdo al estudio IGI- Ambiental de la UDLAP, en que el estado de Colima es el peor evaluado.
“Teníamos razón cuando dijimos este lunes en un foro medioambiental organizado por la agrupación Vigilemos Manzanillo, A.C. (VIMAC), que tenemos problemas de contaminación, pero muchos de ellos son causados por la corrupción y otros por falta de campañas permanentes de concientización y educación ambiental, que antes se hacían, pero han quedado olvidadas. Y es que la falta de castigo en crímenes ecológicos se deriva de la corrupción”, manifestó.
En su estudio, la IUDLAP establece que el Índice de Impunidad Ambiental es para una medición comparativa de las acciones, capacidades y funcionamiento de las políticas ambientales entre las entidades federativas del país, en que se identifican las acciones que realizan para proteger al medioambiente, y que a pesar de tener un marco normativo que los obliga al cumplimiento de estándares mínimos, no están dando los resultados que deberían esperarse. Los estados deben definir políticas ambientales más ambiciosas y mejor implementadas, cuyos resultados puedan ser medibles, verificables y reportables.